La nueva economía del dato personal: calidad, confianza y valor

En un mundo en el que la información fluye de manera constante y la inteligencia artificial redefine la manera en que interactuamos con la tecnología, la forma en que las empresas gestionan los datos personales determina no solo su riesgo legal, sino también su capacidad para generar valor y confianza. La privacidad ya no es solo una obligación, se ha transformado en un activo estratégico. Un dato bien gestionado puede convertirse en un recurso reutilizable, capaz de alimentar decisiones empresariales, optimizar procesos y crear nuevas oportunidades de negocio e incluso rentabilidad. Por el contrario, uno mal gestionado puede derivar en sanciones, pérdida de confianza o daños reputacionales que cuestan mucho más que cualquier inversión tecnológica.

Por otro lado, los usuarios son cada vez más conscientes del valor de sus datos. Buscan transparencia, control y beneficios claros a cambio de compartir información personal. Esta concienciación marca la diferencia entre datos que se convierten en “oro” para la empresa: son explotables y permiten personalizar servicios, predecir necesidades y diseñar estrategias más eficientes; y datos que representan un pasivo, sujetos a riesgos de cumplimiento y pérdidas económicas por un uso o gestión indebidos.

A todo ello se añade un factor determinante que condiciona de forma directa cómo las organizaciones pueden gestionar el valor de los datos: la creciente densidad del marco normativo europeo. Cada vez es más la regulación, las capas y las exigencias de coherencia entre ellas. Durante 2025, la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento Ómnibus Digital con el objetivo de racionalizar determinadas obligaciones formales y reducir solapamientos, pero en ningún caso de aliviar las responsabilidades sustantivas en materia de protección de datos. El mensaje implícito es claro: simplificar procedimientos no equivale a rebajar estándares, y mucho menos a relajar la responsabilidad de las organizaciones sobre el uso de la información personal.

En paralelo, avanza la implantación progresiva del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que introduce un nivel adicional de exigencia para los sistemas de IA con impacto sobre las personas. Transparencia, supervisión humana, gestión del riesgo y calidad de los datos dejan de ser buenas prácticas para convertirse en obligaciones verificables. Este reglamento no opera de forma autónoma, sino que se superpone al RGPD y refuerza sus principios, trasladándolos al contexto de la toma de decisiones automatizada. En la práctica, todo esto significa que los problemas de gestión clásicos de protección de datos como la determinación clara de finalidades, el uso de bases legitimadoras adecuadas y la observancia del principio de minimización adquieren una nueva dimensión cuando alimentan sistemas algorítmicos. Así, un dato que ya era problemático desde el punto de vista del RGPD se convierte, en el contexto de la IA, en un riesgo multiplicado.

Datos de calidad y gestionados con calidad

En conjunto, este entramado normativo envía un mensaje inequívoco a las organizaciones: el dato personal solo es un activo cuando está gobernado, documentado y controlado. De lo contrario, se transforma en un pasivo regulatorio con impacto directo en la sostenibilidad del negocio. Por tanto, un dato con una base jurídica adecuada, exacto, documentado y con controles claros se convierte en un activo que impulsa la innovación, facilita la personalización de servicios y permite que la empresa opere con mayor eficiencia. Un dato mal gestionado, en cambio, genera fricciones internas, incrementa la exposición a incidentes y puede comprometer la relación con los clientes.

Los datos oficiales de la Agencia Española de Protección de Datos permiten ilustrar esta realidad con cifras concretas: en 2024, la AEPD gestionó 18.855 reclamaciones por vulneraciones de privacidad, una cifra ligeramente inferior al récord histórico de 2023, pero aún un 25 % superior a la de 2022, lo que sitúa el volumen de reclamaciones en niveles excepcionalmente altos dentro del marco del RGPD. La complejidad de los casos que llegan a la Agencia también ha aumentado, con sectores como la videovigilancia, los servicios de internet y el comercio y transporte entre los más señalados por los ciudadanos. En cuanto a sanciones, la AEPD impuso en 2024 unas 281 resoluciones con multa, sumando más de 35,5 millones de euros. Las brechas de datos personales representaron alrededor del 37 % del importe total de las multas (más de 13 millones de euros) y afectaron a actividades tan diversas como energía y agua, finanzas, servicios de internet o telecomunicaciones.

El papel del DPO moderno es garantizar que los datos cumplan criterios de calidad, integridad y disponibilidad

Estos números no son anecdóticos, sino que evidencian que la falta de procesos sólidos de gestión de datos personales no solo expone a las empresas a riesgos legales, sino que también puede traducirse en costes económicos directos y daños reputacionales difíciles de revertir.

En este contexto, la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) se ha convertido en un eje estratégico y no en un mero supervisor formal. El papel del DPO moderno es garantizar que los datos cumplan criterios de calidad, integridad y disponibilidad de forma que la información sea un recurso fiable, útil y respetuoso con los derechos de las personas. Actúa como puente entre áreas legales, técnicas y de negocio, coordinando políticas de privacidad, evaluaciones de impacto, modelos de gobernanza y la integración responsable de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. En definitiva, la privacidad ya no puede entenderse únicamente como un requisito legal. Cuando se gestiona de manera ética y estratégica, los datos se transforman en un activo que impulsa innovación, fideliza clientes y fortalece la reputación de una organización. Celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos es reconocer que la confianza no se declara: se construye cada día en cómo se recogen, se procesan y se protegen los datos personales que sostienen la actividad empresarial.

Coral Navarro, IP Consultancy Specialist de ClarkeModet España