Nueva ley de telecomunicaciones permitirá al Estado competir con Telcel y AT&T

La idea fue de Andrés Manuel López Obrador, pero los números en el Legislativo y los tiempos durante su administración no dieron. Ahora, la mayoría de Morena en el Congreso y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum por seguir con los planes de su predecesor están a punto de lograr que el Estado compita directamente con Telcel, AT&T y Telefónica. El proyecto obradorista se materializará con la nueva Ley de telecomunicaciones que estipula que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar el acceso a la conectividad. La visión viene plasmada en el artículo 12 del proyecto, que propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) “otorgue al gobierno de manera directa, sin contraprestación, con preferencia de terceros, las concesiones necesarias de espectro”.

Esto significa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora asume el plan de cierre de brecha digital del Estado, acceda a bandas de frecuencias necesarias para habilitar servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, colocándose en una clara posición de ventaja respecto a sus competidores, de acuerdo con cuatro analistas consultados por Expansión. Esto se traduce en que la CFE obtendrá espectro radioeléctrico sin que esto le represente costos a diferencia de empresas como Telcel y AT&T. Además podrá comercializar telefonía e internet a todos los mexicanos, rompiendo finalmente su barrera regulatoria que solo le permitía vender conectividad en zonas remotas. “La gran preocupación es que se trata de una ley totalmente monárquica: todo comienza y termina en el Ejecutivo Federal. (Las telecomunicaciones) ya no es un sector autónomo y todo se basará a partir de las decisiones del Estado”, dice José Otero, director ejecutivo de la consultoría ICT Development Consulting. Los especialistas coinciden que la nueva propuesta de Ley marca un regreso al modelo estatista, uno en en el que el Estado interviene directamente en la economía de las industrias y en la prestación de servicios, pero con un nuevo ingrediente: condiciones poco favorables que afectan la neutralidad competitiva. La injerencia del gobierno es un movimiento que tomó fuerza en la administración de López Obrador, incorporando su presencia en industrias como la aviación, transporte, aeroportuaria y ahora aterriza de manera frontal al sector de las telecomunicaciones.

Ley telecom nacería blindada La nueva Ley de telecomunicaciones que busca fortalecer al Estado, a través de la CFE, nacerá blindada. En noviembre pasado se reformó el artículo 28 constitucional para establecer que la actividad del Gobierno en el servicio de internet no se considere un monopolio, “al tratarse de un servicio estratégico al igual que la electricidad para evitar que una parte de la población carezca de este instrumento fundamental”. Además, se concretó la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que en la nueva política de conectividad, el árbitro fuera el propio Estado, a través de la Agencia de Transformación Digital, la cual puede mostrar una clara inclinación a favorecer a la CFE, dejando en la ‘indefensión’ a los operadores de telefonía móvil como de servicios fijos, dicen los especialistas.
Menor cobertura para servicios Fernando Borjón, consultor en jefe en Access Partnership y excomisionado del IFT, advirtió que los movimientos constitucionales que tejió el Estado para operar en “condiciones desiguales” solo traerá como resultado que compañías como Telcel y AT&T sean más cautelosas al momento de inyectar capital a su red, lo que se traducirá en un menor crecimiento de cobertura de los servicios móviles y fijos para los consumidores. El especialista aseguró que la decisión del Ejecutivo de favorecer a la CFE es contradictoria al objetivo plasmado en la Ley de Telecomunicaciones en la que se señala que el gobierno busca crear mecanismos para incentivar el nearshoring, desarrollo de 5G y la industria 4.0. “Qué incentivos tienes para invertir cuando el Estado dice que se puede servir el pastel cuando quiera y del tamaño que quiera y lo que sobre que sea para los demás. ¿Irás por las migajas y pagarás una fortuna? La pregunta es para qué invertir en eso”, apunta el especialista. Además de los grandes operadores, los proyectos enfocados a llevar servicios de conectividad en zonas remotas, y en donde en algunos casos son la única opción de internet o telefonía, también se verían afectados por la nueva Ley del gobierno. “Hay una preocupación real por parte de los pequeños operadores con la nueva política de telecomunicaciones en donde no se les tomó en cuenta todas las preocupaciones que expusieron al gobierno sobre la competencia desleal que representa la CFE y ahora será más fuerte”, lamentó Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones. Expansión solicitó postura sobre las implicaciones de la nueva Ley de Telecomunicaciones a Telcel, AT&T, Telefónica y a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), pero no emitieron comentarios. Lucía Ojeda, experta en competencia económica y socia de la firma mexicana SAI Derecho & Economía, comentó que el nuevo marco regulatorio del sector abre la puerta a una nueva lluvia de litigios por parte de la industria, lo cual será una prueba de fuego para los nuevos tribunales especializados que se conformarán tras la reforma al Poder Judicial. Uno de los temores de la industria es la incorporación de jueces sin conocimiento regulatorio o con vocación política. “Pero se tienen que buscar mecanismos para que se mantenga la neutralidad competitiva. El gobierno es quien debería mantener ese estatus porque eso da certeza para invertir en la cobertura universal”, aseguró Ojeda. La nueva ley de telecomunicaciones se tenía prevista votarla este lunes, pero tras la reacción de la opinión pública se decidió modificar el día, sin que hasta ahora exista una fecha exacta.

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