El teletrabajo en España: retos y oportunidades para su consolidación

La pandemia de COVID-19 puso el teletrabajo en el centro de atención, con más de la mitad de los empleadores en España ofreciendo esta modalidad durante el estado de alarma. Sin embargo, cuatro años después, solo el 8% de los empleados continúa trabajando a distancia, muy por debajo de su potencial. A pesar de la experiencia positiva de muchos durante la pandemia, la implementación generalizada del teletrabajo sigue siendo limitada.

Irene Rovira Ferrer, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), destaca que el teletrabajo no solo beneficia a los empleados, sino también a los empleadores y al Estado. La ONU considera el teletrabajo una herramienta clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según Rovira, consolidar el teletrabajo puede mejorar la rentabilidad de las empresas, ofrecer una experiencia positiva a los empleados y ayudar al Estado a cumplir con la Agenda 2030.

Rovira lidera la investigación «El estímulo a los empleadores y la mitigación de la inseguridad jurídica: dos factores clave en la consolidación del trabajo a distancia». Este estudio, parte del proyecto «La necesaria consolidación del trabajo a distancia: oportunidades, desafíos y propuestas» financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, busca identificar las principales reticencias de los empleadores y los problemas de inseguridad jurídica que dificultan la adopción del teletrabajo.

Ventajas del Teletrabajo

El teletrabajo ofrece múltiples ventajas. Permite a las empresas reducir costes y acceder a un talento más amplio, sin las barreras físicas tradicionales. Además, contribuye a la reducción de desplazamientos, lo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente y mejora la conciliación laboral y familiar. También favorece la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y la repoblación de áreas rurales.

A pesar de sus beneficios, la consolidación del teletrabajo en España enfrenta dos grandes retos: la reticencia de los empleadores y la inseguridad jurídica derivada de la normativa actual. La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, establece obligaciones como el suministro de herramientas y la compensación de gastos, lo que puede resultar complejo y tener implicaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social.

Sobre esto, el equipo de investigación de Rovira trabaja en identificar los motivos que llevan a los empleadores a no contemplar el teletrabajo y en crear guías que ayuden a cumplir con las obligaciones de manera óptima. Además, buscan clarificar y analizar el impacto jurídico del teletrabajo a nivel internacional y proponer reformas normativas para garantizar el respeto de los derechos y el bienestar de empleadores y empleados, así como la sostenibilidad de las obligaciones derivadas.