X podría quedar fuera de Brasil si no nombra representante legal en 24 horas

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este miércoles al multimillonario Elon Musk nombrar en 24 horas un nuevo representante de su red social X, o de lo contrario la plataforma quedará suspendida en el país. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), instó a Musk a indicar «en 24 horas el nombre y calificación del nuevo representante legal de X en Brasil».

La decisión fue publicada en la cuenta del STF en la propia red social, antiguo Twitter. Su incumplimiento llevaría a la «suspensión inmediata de las actividades de la red social» en el mayor país de América Latina, añadió. En respuesta, Musk publicó en X que «este juez ha violado repetidamente las leyes que juró defender». Rápidamente la etiqueta «O TWITTER MORREU» («Twitter murió») se viralizó en la plataforma. Musk, fundador también de Tesla y SpaceX, acusó el 19 de agosto a Moraes, a quien ha llamado «dictador», de amenazar con prisión a sus empleados, y anunció el cierre inmediato de las operaciones de X en Brasil. La empresa dijo entonces que cerraba sus operaciones en el gigante sudamericano debido a las acciones del juez pero mantenía el servicio disponible para los brasileños. El gobierno del presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de X. En los últimos años la empresa ha mantenido una disputa con la corte suprema brasileña. Moraes ordenó el bloqueo de cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraconservadores brasileños, fundamentalmente desde los intentos de los partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, admirador de Musk, de desacreditar el sistema de votación electrónica durante las elecciones presidenciales ganadas por Lula. En abril, X admitió que los usuarios de varias cuentas bloqueadas habían logrado eludir las restricciones. Musk acusa a Moraes de querer «censurar» la plataforma. El magnate también es objeto de una investigación de la justicia brasileña contra «milicias digitales», que apunta al presunto uso ilegal de recursos públicos por Bolsonaro y su círculo íntimo para orquestar campañas de desinformación en internet durante su presidencia (2019-2022).

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