El IFT alerta que eliminación de órganos autónomos será un “grave retroceso”

El Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ) se posicionó en contra de la eliminación de órganos autónomos , argumentando que implica el resurgimiento de un modelo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el cual demostró “serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios”. El IFT también resaltó que el modelo anterior a la reforma constitucional de 2013 no aseguraba la competencia en el mercado y de volver a él representaría un “grave retroceso en perjuicio de las personas usuarios y audiencias” de México. Detalló que antes de la reforma, las decisiones del regulador estaban supeditadas a la revisión del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien podría modificar o revocar determinaciones del regulador, situación que alejaba la toma de decisiones de criterios técnicos y jurídicos claros y robustos.

Hoy la población paga 32.1% menos de lo que pagaba hace once años por los servicios de comunicaciones, a pesar de que la inflación se ha incrementado en este periodo. En 2013 la población usuaria de internet en México no superaba el 45%, mientras que en 2023 el 81.2% de la población es usuaria de este servicio. Esto equivale a 51 millones de personas que hace once años no contaban con este servicio, pero hoy sí lo tienen. Actualmente existen 27.7 millones de hogares con acceso a internet en el país (71.7% del total), cifra que contrasta con los 9.6 millones de hogares que disponían de este servicio en 2013. Actualmente, en el país se transmiten 1,335 canales de programación televisiva, esto es 551 canales más que en 2013, lo que se traduce en más opciones para las audiencias. Las concesiones sin fines de lucro se asignan a través de procedimientos claramente establecidos, en los que cualquier persona interesada puede obtener una concesión siempre que cumpla con los requisitos y, en caso de concurrencia por una misma frecuencia, existen criterios de “desempate” transparentes que se aplican de manera imparcial.

Entre los beneficios que resaltó el IFT a 11 años de su creación como órgano constitucional autónomo destacan:

Diputados avanzan en la desaparición de órganos autónomos

Ayer, diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general la desaparición de órganos autónomos, como el INAI, IFT, COFECE, CNH, CRE y Coneval, por lo que sus funciones serán trasladadas a las dependencias. De acuerdo con el gobierno federal estos organismos no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino “que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”. El proyecto avalado establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desaparecerá, por lo que sus actividades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes. También desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía. Además, modifica el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De acuerdo con el proyecto, se busca que la Secretaría de Energía cuente con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica y la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos. Otro organismo que desaparece es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones de acceso a la información y protección de datos personales se trasladan a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal. Asimismo, desaparece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones como medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, las cuales estarán en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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